Educación en México
Ante el arribo de la ultraderecha en México la educación pública de todos los niveles observa un paulatino abandono en materia de su financiamiento. Las nuevas administraciones ven la necesidad de incrementar la participación de la iniciativa privada en la educación del país, para ello, abren el camino a los planteles de educación privada estrechando la oferta educativa pública.
Asimismo, en Banco Mundial presiona desde la década de los años 80 a las administraciones federales respectivas para que se concesione la educación a la iniciativa privada.
Aún el precepto del artículo 3º constitucional, la educación cada día presenta en el país una mayor participación de la inversión privada. Cuestionando aspectos tales como la educación democrática, gratuita y laica.
Conlleva intereses de muchos tipos la paulatina privatización de la educación en México, en especial el interés de la Iglesia Católica por participar en la educación de los mexicanos y con ello lograr la cuantiosa y nada menospreciable tributación que la matricula representa como fórmula de negocio.
Existe un contexto de desarrollo que ve favorablemente y ventajoso la privatización de los servicios que tradicionalmente viene desempeñando el Estado Mexicano. Esta cada día más significativa concesión del Estado al sector privado es la patente de intereses no solo políticos, sino de clase, por la procuración de una educación cada vez más distante del precepto constitucional.
El efecto ineludible de esta privatización inminente es la elitización de la educación, la caída del nivel de instrucción promedio nacional y la proliferación de negocios educativos cuya calidad esta sujeta a la lógica de “quien paga manda”.
Es por ello que se explica por qué la federación gasta cada vez proporcionalmente menos en el fortalecimiento de la educación pública, puesto que obedece por una parte a las demandas del Banco Mundial por privatizar la educación, como a los intereses de grupos empresariales y clericales en posibilitar la oportunidad de participar en la educación del país como un negocio.
Las exenciones fiscales a los negocios educativos hacen de éstos auténticos paraísos fiscales puesto que mientras consolidan y crean infraestructura las cargas fiscales son nulas.
Asimismo, las transferencias federales a los Estados en materia de presupuestos educativos también se restringen. Actualmente representa un poco más del 30% de las erogaciones federales a los Estados. La precarización de la educación pública, sobre todo en las entidades federativas, en todos los niveles es cada vez más notorio.
La Ley de coordinación Fiscal regula…
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