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Por: W. J. Segovia

Aunque el Poder Judicial bloquea un recuento ciudadano de los votos de la pasada elección presidencial, como un ejercicio de información, siguen saliendo a la luz evidencias de que fue un proceso sin certeza. José Antonio Crespo, politólogo investigador del CIDE –autor del libro “2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana”, analizó los documentos en que los magistrados del Tribunal Electoral se basaron para validar la elección, y encontró que el dictamen que le dio el triunfo a Calderón carece de base.

La elección debió anularse, señala, puesto que la cantidad de votos irregulares casi triplicaba la diferencia entre los dos candidatos que se disputaron el triunfo.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no debió declarar ganador a Calderón, porque “lógica y aritméticamente” su triunfo no está sustentado en los resultados de las actas, documentos que –asegura– “dicen algo muy distinto a lo que los magistrados nos informaron que decían”.

Lo que debió hacer el TEPJF, afirma, fue declarar la nulidad de la elección porque se vulneró uno de los principios constitucionales en la materia: la certeza, debido a los cientos de miles de “votos irregulares” detectados en las propias actas.

Después de revisar cada una de las 63 mil actas de 150 de los 300 distritos electorales, Crespo demuestra que los magistrados del TEPJF mintieron al menos en dos aspectos: primero, que la mayoría de los errores de cómputo se justificaban y, segundo, que los votos irregulares no afectaban el resultado porque no superaban la diferencia entre el primero y el segundo lugar.

Los 316 mil “votos irregulares” superan a los 233 mil 831 votos válidos con los que Calderón fue declarado ganador –equivalentes al 0.6%– , pero la proyección a los 300 distritos arroja un total de 633 mil “votos irregulares”, casi el triple, algo que además –advierte el investigador– exhibe el “desaseo”, la “falta de rigor” y la parcialidad de los magistrados.

Vale la metáfora de que al “preguntar” a las actas electorales –únicas con valor oficial para determinar el resultado final— ¿quién ganó?, éstas no nos respondieron, como muchos podrían suponer, que triunfó Felipe Calderón.

Precisamente para superar esa incertidumbre era conveniente hacer un recuento mucho más amplio de los 81 mil paquetes electorales cuyas actas mostraban inconsistencias, pues con esa medida era más probable despejar la incógnita de cuál fue la voluntad del electorado, que quedó sin una respuesta satisfactoria ni concluyente.

En entrevista con el reportero, el martes 3, explica que para conocer la “verdad histórica” es indispensable el acceso a las boletas electorales, que el IFE pretende destruir.

“¿Por qué digo aproximarnos? Porque abriendo los paquetes hay una muy buena probabilidad de que esas inconsistencias en las actas pudieran ser depuradas y entonces supiéramos si efectivamente ganó Calderón o si, a la hora del conteo, cambia el resultado, lo cual tampoco descarto completamente por lo cerrado del porcentaje.”

Y recuerda que el propio Calderón reconoció, en una entrevista reproducida en el libro Presidente electo, de Salvador Camarena, que se opuso al “voto por voto, casilla por casilla” que propuso López Obrador, por temor a lo que contenían los paquetes electorales.

–¿La negativa del IFE, del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia a dar acceso a las boletas electorales para hacer un recuento ciudadano obedece a que podría emerger una verdad distinta de la oficial?

–Así es. A mí todas las razones que han dado, primero el IFE y luego el Tribunal Electoral y algunos de los ministros de la Suprema Corte, que se negaron a ver este asunto como un derecho a la información y lo dejaron como un asunto electoral, me llevan a pesar que ni ellos mismos están seguros de lo que tienen los paquetes y sienten que hay algún riesgo, algunos lo han dicho, de que encontremos una verdad histórica distinta a la verdad jurídica.

El IFE sólo abrió 3.5% de los paquetes que legalmente debían abrirse, debido a que Luis Carlos Ugalde emitió una circular a los consejos distritales prácticamente para prohibirlo. “Era la estrategia de quienes los nombraron a ellos, es decir, Elba Esther Gordillo y Calderón. No digo PRI y PAN, sino el equipo de Calderón que nombró a los consejeros que operaron en el 2006: Germán Martínez, Juan Molinar y Margarita Zavala.”

“El Tribunal interpreta el Cofipe, en este punto del escrutinio, de una manera en agosto y de otra, claramente distinta, en septiembre. ¿Favoreciendo a quién? A la validación de la elección y el nombramiento de Felipe Calderón. Ahí también se ve la parcialidad.”

Proximas elecciones: Segunda vuelta y voto electronico.

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